Muchos espacios con valor natural quedaban fuera de las áreas protegidas y su conservación dependía, en buena medida, de cómo los gestionaban sus propietarios y quienes los usaban.
El 11 de noviembre del 2000, en el castillo de Montesquiu, en Osona (Barcelona), se firmó una declaración que ayudó a dar forma en nuestro país a una estrategia que implicaba a entidades, propietarios, usuarios y sociedad civil en la conservación de la naturaleza: la custodia del territorio.
Esta herramienta permitía llegar a espacios naturales a los que las administraciones no podían. Su historia, no obstante, comenzó mucho antes y a miles de kilómetros de allí.
Los primeros ‘land trusts’: una nueva forma de conservar la tierra
Los orígenes de la custodia moderna se remontan a finales del siglo XIX en Estados Unidos. En 1890, el paisajista Charles Eliot propuso crear en Massachusetts una organización para conservar lugares de valor natural e histórico. Al año siguiente, se aprobó su establecimiento con el nombre de The Trustees of Public Reservations, hoy conocida como The Trustees of Reservations.
En la circular que defendía la iniciativa, sus promotores esperaban que los amantes de la naturaleza confiaran a la organización el «cuidado de sus paisajes favoritos», del mismo modo que los amantes del arte contribuían generosamente a los museos. La idea era contar con el apoyo de la sociedad para proteger lugares valiosos y abrirlos al público.
Aquella fue la primera entidad privada sin ánimo de lucro de conservación de su tipo en el país. Su iniciativa sentó un precedente para los land trusts (literalmente, «fideicomisos de tierras»), entidades que protegen espacios mediante la adquisición de terrenos o acuerdos con sus propietarios. El concepto más amplio de cuidado responsable de la tierra, land stewardship, se tradujo en España como «custodia del territorio».
Declaración de Montesquiu, un hito en la historia de la custodia
En España ya se habían puesto en marcha iniciativas que hoy reconocemos como antecedentes de la custodia del territorio. En Segovia, WWF y la población de Montejo de la Vega impulsaron el refugio de rapaces de las Hoces del río Riaza, inaugurado en 1975. El acuerdo permitió proteger a las aves, prohibir la caza y mantener las actividades agrícolas y ganaderas.
En Extremadura, la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (ADENEX) comenzó a promover reservas biológicas a finales de los años setenta, con la colaboración de propietarios. Y en Mallorca, el Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), una entidad ecologista de las islas, adquirió en 1980 la finca de la Trapa para evitar su urbanización.
En todas aquellas experiencias, la conservación era posible gracias a la participación conjunta —la suma de esfuerzos— de organizaciones, propietarios y población local. Sobre ese trasfondo, del 9 al 11 de noviembre del año 2000 se celebraron jornadas internacionales en el castillo de Montesquiu, que reunieron a particulares y representantes de organizaciones e instituciones tanto públicas como privadas vinculadas a la conservación, la ordenación del territorio, la administración y la investigación. También participaron ponentes de Canadá, EE. UU., Francia e Italia, que compartieron sus propias experiencias.
De aquellas jornadas surgió la Declaración de Montesquiu, que formalizó el concepto de custodia del territorio y articuló un movimiento que hasta entonces reunía prácticas diversas y dispersas. La declaración definió la custodia como un conjunto de estrategias —de educación, gestión, mediación y desarrollo comunitario, entre otras— para implicar a propietarios y usuarios en la conservación y el uso sostenible de los espacios terrestres, fluviales y marinos.
La Declaración de Montesquiu ayudó a articular una estrategia de conservación que ya contaba con experiencias pioneras en el país.
El documento señalaba que, según sus datos, la propiedad privada representaba el 80 % del medio rural y natural de Cataluña, y advertía de que los espacios protegidos podían quedar aislados y no garantizar por sí solos los procesos ecológicos del conjunto del territorio. Así pues, la custodia se planteaba como complemento de la actuación pública. Sus acuerdos, además, habían de ser voluntarios y basarse en la cooperación entre actores.
La custodia se abre paso en nuestro país
Uno de los pasos posteriores a Montesquiu fue la creación, en 2003, de la Xarxa de Custòdia del Territori, destinada a promover esta herramienta en Cataluña. Poco después, su impulso llegaría también al ámbito estatal.
En 2007, la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad incorporó una definición de custodia del territorio y estableció que las administraciones públicas la fomentaran mediante acuerdos. Ese mismo año, la Fundación Biodiversidad comenzó a coordinar la Plataforma de Custodia del Territorio, un espacio de información e intercambio para entidades y redes de custodia.
Esta se fue extendiendo así por comunidades con realidades y necesidades muy diferentes. La declaración catalana había contribuido a dar visibilidad a una herramienta de conservación que podía adaptarse a cada territorio y sumar las experiencias que ya estaban en marcha.
Custodia del territorio en cifras
El último inventario estatal disponible, publicado en 2025 con datos hasta 2023, recoge 4632 acuerdos de custodia impulsados por 268 entidades que ayudan a conservar y restaurar hábitats y ecosistemas, así como a proteger especies. En conjunto, abarcan 708 191 hectáreas, con iniciativas registradas en todas las comunidades autónomas.
España tiene en la actualidad más de 700 000 hectáreas bajo algún acuerdo de custodia.
En un castillo de Osona tomó forma un concepto y un movimiento de conservación basado en la colaboración. Desde entonces, sus iniciativas han seguido creciendo en territorios muy dispares pero con un principio común: proteger la naturaleza también requiere contar con quienes habitan, trabajan y gestionan esos lugares.
Imagen de cabecera: El castillo de Montesquiu, en Osona, acogió las jornadas internacionales de custodia del territorio en noviembre de 2000. Foto: Enfo / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.
Acerca de la autora:
Me llamo Elisabeth Lahoz, soy ambientóloga y redactora freelance. Escribo para ganarme una vida a mi manera.
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